EL DESPLOME DEL MODELO “CARIMAGUA”
Al declarar la Corte Constitucional como inexequible al Estatuto Rural o ley 1152 de 2007 se acabó de derrumbar el modelo agrícola que ha impulsado el gobierno de Álvaro Uribe. Su aplicación no sólo no ha logrado los beneficios esperados para la pretendida “empresarización del campo” sino que los destrozos causados a la economía campesina y a los productores nacionales de alimentos y bienes agropecuarios para el mercado interno no podrán resarcirse en el mediano plazo. Con anticipación se advirtió que esa ley de “Desarrollo Rural” estaba por fuera de los parámetros mínimos constitucionales, como el acceso progresivo de las comunidades rurales a los bienes públicos y la debida protección a la producción de alimentos, fijados en el artículo 64 y 65 de la Carta Magna. Sin duda fue la “la ley agraria más regresiva de la historia de Colombia”, lo que ya es mucho decir.
El trámite irregular cursado para la aprobación de dicha Ley concordó perfectamente con su naturaleza retrógrada. Desde que se inició la discusión en las comisiones correspondientes de Senado y Cámara, las organizaciones agrarias, campesinas, indígenas y afro-descendientes y hasta la Procuraduría hicieron notar las aberrantes propuestas contenidas sin que las mayorías políticas del gobierno repararan en ellas. El final fue más patético, el ministro Arias dirigió la sesión definitiva de la plenaria de la Cámara de Representantes, pasando sin recato por encima del más mínimo respeto por la división de poderes, no se simuló ni la más elemental apariencia.
El hundimiento jurídico del Estatuto Rural se causó en no haberlo consultado, desde su formulación, a las comunidades indígenas y afro-descendientes, como lo obligan compromisos internacionales contraídos en el Convenio 169 de la OIT y que, por tanto, integran el contenido normativo de la Constitución. Son los mismos pueblos a los que Arias, con sátira, tildó como los “más grandes terratenientes” del país. Esa misma suerte ya había corrido la Ley Forestal, otro engendro de igual rancia estirpe, también dentro de la política de entregarle el agro al capital financiero multinacional en asocio con el 0,4% de grandes propietarios, que poseen el 65% de la tierra, para hacer intentonas exportadoras de productos tropicales altamente subsidiados.
El mejor ejemplo de la política oficial plasmada en el funesto Estatuto fue lo acaecido con el predio Carimagua, del que despojó a varios cientos de familias desplazadas y necesitadas de cultivos de pancoger, para darlo a empresarios allegados a altos círculos gubernamentales a fin de producir agrocombustibles. Estos, junto con los forestales y los frutos tropicales, hacen parte de la apuesta “agro-exportadora” a la cual el gobierno de Uribe le ha consagrado los mayores recursos disponibles. Mientras cada hectárea de caña de azúcar o de palma de aceite, destinada bien para etanol o bien para agrodiesel, recibe más de cinco millones de pesos de subsidio, la que se dedica al maíz apenas percibe algo más de 150 mil. Es la consecuencia de la política enunciada como, “es mejor producir uchuva que trigo”, prescrita en el capítulo de agricultura del TLC con Estados Unidos, reforzado en el de Canadá y en el que se negocia con la Unión Europea.
La triste realidad rural de Colombia no se tapa con costosos publirreportajes pagados con dinero público aparecidos con frecuencia. Más del 70% de los trabajadores rurales ganan menos del salario mínimo; lecheros, pequeños y medianos ganaderos, avicultores artesanales y paneleros, están amenazados tanto por las arbitrarias normas técnicas, que buscan entregar del todo las cadenas agroalimentarias a los consorcios internacionales, como por las deudas impagables; la producción agropecuaria tuvo crecimiento negativo del 0,6% en el último trimestre de 2008 y, en todo el año, el rendimiento fue decreciente con relación a 2007; y las importaciones de alimentos y géneros agrícola pasaron de cinco millones de toneladas en 2003 a más de ocho y media en 2008. Debe aprovecharse la hecatombe del “modelo Carimagua” para exigir un cambio radical en la política pública rural; que cesen las secuelas heredadas proverbialmente y las arrastradas desde la implantación del neoliberalismo, como la alta concentración de la propiedad, la pérdida de la seguridad alimentaria nacional y el envilecimiento del trabajo rural, es menester un reordenamiento económico, político y social del campo colombiano.